El estudio apuntaba a que detrás de este desmantelamiento de la administración  más cercana a la ciudadanía se escondían razones de 'negocio' económico y de desmantelamiento de servicios básicos para las personas con más necesidades sociales.

CCOO alertaba de que el objetivo era privatizar y el propio Consejo de Ministros del 26 de abril, le daría la razón, cuando llegó a afirmar que unos de los cuatro objetivos principales que persigue esta reforma es "favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada?. ¿Y qué significa esto?

Pues desde el punto de vista cuantitativo, tomando como base los datos del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en estos momentos nos encontramos con el siguiente panorama: más de 24.740 millones de euros (más del 58% de los presupuestos municipales), se gestionan en prestaciones y servicios de la iniciativa privada; de tal forma que 16.363 millones  corresponden a las necesidades de bienes y servicios que suministra el mercado, 3.122 millones se destinan a trasferencias corrientes, que revierten en la actividad económica de empresas y entidades; y 5.257 millones se lleva el sistema financiero (1.327 millones destinados a pagar intereses).

El resto del presupuesto se destina a gasto de personal y a las transferencias a personas (que corresponden con las partidas presupuestarias destinadas a bienestar comunitario y actuaciones de protección y promoción social).

CCOO cree que para el mercado y para el Gobierno esto no es suficiente; y están buscando nuevos 'yacimientos' de actividad privada en el sector público, poniendo su punto de mira en la Administración Local. Y solo hay una gran partida en la que seguir expoliando recursos públicos: el gasto de personal.

Para conseguirlo quieren cubrir varios flancos:

- Clarificar competencias municipales para evitar duplicidades: pero en realidad lo que pretenden es eliminar servicios básicos poco rentables económicamente, aunque tengan un gran valor social y comunitario.

- Racionalizar la estructura organizativa; es decir: adelgazar al máximo las plantillas, y conseguir así un margen de beneficio empresarial que haga rentable la venta, externalización o concesión administrativa.

- Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso: para presionar a la baja el gasto en  servicios municipales, a través de la evaluación a coste stándar; que también liberará márgenes de beneficio para quienes están esperando esta reforma.
Esta estrategia conllevará por un lado el gasto corriente (que forma parte de la actividad que ya mantiene el mercado), se verá fragmentado, de tal forma que más de 10.180 millones de euros, desaparecerán de la gestión de la Administración Local y serán invertidos por las administraciones titulares de las competencias (fundamentalmente las comunidades autónomas). Del mismo modo, más de 2.015 millones de euros, destinados a transferencias a entidades, desaparecerán de  ámbito local, al realizarse por administraciones de ámbito superior. En ambos casos, para CCOO traerá consigo un impacto negativo brutal en la economía de las poblaciones medianas y pequeñas, al desaparecer la posibilidad de suministro local, que será centralizado, imposibilitando que las empresas locales puedan competir con las grandes compañías que tienen mayor capacidad de abastecimiento a gran escala.

Ni que decir tiene que será garantizado el cumplimiento de los compromisos con las entidades financieras; es más, algunas de las operaciones de externalización, privatización o concesión administrativa vendrán acompañadas del correspondiente "alivio? financiero.

Y la gran partida está en el gasto de personal; pero no porque haya mucho interés en "beneficiarse? de la experiencia y profesionalidad de las plantillas, sino porque hay una infinidad de servicios que son potencialmente "gestionables? desde el ámbito privado, con el correspondiente beneficio empresarial.

Así según el estudio del Sector de la Administración Local de la FSC de CCOO de Andalucía, se puede observar que más de 3.848 millones de euros (más del 9% del presupuesto), son gastos de personal vinculado a las actividades económicas que desempeñan los ayuntamientos y que, por exigencias de criterios de rentabilidad, pueden acabar siendo gestionados por la actividad económica empresarial, cumpliendo así las exigencias de eliminar lo que desde las grandes patronales denominan la competencia desleal. Aquí se encuentran servicios tan significativos como vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, cultura, deportes, agricultura, industria, comercio, turismo, infraestructuras, investigación, desarrollo,...

Asimismo, CCOO entiende que hay más de 8.278 millones de euros "potencialmente? externalizables (más del 19% del presupuesto), por supuestas razones de abaratamiento de costes, por agilidad, por interés estratégico, por razones  "particulares?, etc.; entre ellos están la mayoría de las actividades relacionadas con los servicios de carácter general (mantenimiento, limpieza, atención al público, gestión de personal, servicios informáticos,...); y servicios hasta ahora "intocables?, por ejercer potestades administrativas; que la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en sus alegaciones al anteproyecto, pretende abrir la posibilidad de articular fórmulas de externalización o privatización.

En este segundo caso hay varios colectivos especialmente afectados:

- Policía Local y Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios: por ser los colectivos más relacionados con la seguridad y movilidad ciudadana (a la que se destina más de 3.717 millones de euros); la Policía Local ni siquiera se contempla como servicio mínimo en el anteproyecto; con cometidos fácilmente asumibles por compañías privadas de seguridad y sobre lo que se escuchan ya rumores en una futura Ley de Policía que abriría al mercado muchas de estas funciones. Mientras que en la Extinción de Incendios, ya son conocidas las experiencias de copiar el modelo privado anglosajón.

- Personal relacionado con la gestión financiera y tributaria (más de 798 millones de euros), que su "explotación? económica es objeto de deseo de infinidad de interesados, como bien saben quienes trabajan en estos servicios. Es más, la FEMP pretende constituirse en consultora para la gestión financiera y presupuestaria de los ayuntamientos que  soliciten el servicio.

Por otro lado, nos encontramos con más de 3.436 millones de euros destinados al gasto de personal que será transferido a otras administraciones (en el mejor de los casos); cuyo futuro, desde el punto de vista de CCOO, no está nada claro y que tienen muchas probabilidades de acabar en el paro (quienes estén vinculados a programas o servicios que sean recortados); o en alguna entidad privada (con ánimo de lucro o no), que gestione los servicios y las prestaciones, que la administración receptora de la competencia decida.

En CCOO se tiene el convencimiento de que si se cumplen estas previsiones potenciales, solo el 3% del presupuesto sería destinado a personal propio; al que habría que añadir las plantillas que cada ayuntamiento decida para garantizar las potestades públicas que considere básicas.

Por último, El Sector de Administración Local de CCOO en Andalucía alerta de otra de las "trampas? que contiene el anteproyecto: detrás de la cortina de humo de que los ayuntamientos verán aliviadas sus finanzas, retirándole su participación en las supuestas competencias impropias; lo que se esconde es un vaciamiento financiero de la Administración Local; ya que la transferencia de estas competencias conlleva el traspaso de todos los medios "incluidos los financieros?; por tanto, habrá una disminución considerable de recursos propios; eso sí la deuda contraída se mantiene y deberán liquidarla prioritariamente.

Éste podrá ser el panorama futuro: de consolidarse esta estrategia, los ayuntamientos podrían perder más del 40% de sus actuales presupuestos, sin contar con la pérdida de los menores de 20.000 habitantes en favor de las diputaciones, con consecuencias demoledoras para sus vecinos y vecinas:

Se produciría una deslocalización generalizada de la actividad económica vinculada a los servicios prestados, hasta ahora, por los ayuntamientos.

Se perdería la capacidad de transferir recursos a las personas necesitadas de apoyo público, para tener acceso a un mínimo de bienestar social.

Se contribuiría a agrandar las cifras de paro: un ejército de personas que tienen nombre y apellido.

En definitiva, que hay muchos "interesados? en el negocio de la Administración Local, sin importarle, lo más mínimo, el valor social que tiene de proximidad; pero también se sabe que las necesidades sociales están ahí, que cada día crecen más; y que presionarán y responsabilizarán a quienes están obligados a dar respuestas (con o sin competencias).

CCOO estará ahí, en defensa del servicio publico, que garantice la cobertura de las necesidades sociales de la ciudadanía.