Pepe Gálvez durante el 2º Congreso FSC-CCOO.

Pepe Gálvez.- Representante de CCOO en el Consejo Asesor de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)

La complejidad de nuestras sociedades, de las necesidades colectivas, de la relación de los intereses individuales con los del conjunto, plantea la obligación de una actualización continua de la estructura y funcionamiento de las Administraciones para asegurar esa equidad. Otra cosa muy distinta es lo que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ¿dirigido? por Cristóbal Montoro, que no es sino un vaciado de funciones con perspectiva centralista y al servicio de intereses privados.

Dietas suicidas

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en su intervención en la Jornada sobre la Reforma de las Administraciones Públicas, celebrada en la Moncloa el pasado 10 de febrero, reconocía que la administración española no es ni elefantiásica, ni pesa como una losa sobre las finanzas y que, además, dos terceras partes del gasto público es gasto social. En su intervención, situaba al aparato burocrático como vector de progreso, aunque el proceso descentralizador había generado duplicidades, solapamientos y lagunas, y culpaba a la gestión socialista de elevar el gasto público sin medida y sin control, mientras que los ingresos se habían reducido al 36% del PIB. Y concluía que, como la sociedad quiere más y mejores servicios sin incrementar la carga impositiva, han ideado una estrategia continua en la que no sólo hay que adelgazar sino ganar músculo para beneficio de las empresas y ciudadanos.

Dentro de la saturación de lugares comunes a la que nos tienen acostumbrados los discursos oficiales, se cuelan verdades a medias, contradicciones y perversiones. Es una perversión habitual del pensamiento único el situar a la ciudadanía y al empresariado, porque se identifica empresa con su propietario, en el mismo nivel como beneficiarios de las administraciones. Es como si la clase empresarial fuera un sector al margen del resto de la sociedad, con unos derechos también al margen de los del resto de la población. Lo que evidencia en el plano simbólico la continua vulneración en la práctica del principio de la igualdad ante las Administraciones Públicas.

El presidente del Gobierno reconoce indirectamente que la campaña de linchamiento desde fuentes empresariales -Joan Rosell se ha abonado a ella con ahínco- sobre el exceso volumen de las administraciones era falsa; pero se nos dice que como se han reducido los ingresos hay que adelgazarlas, eso sí, sin perder músculo. De nuevo se nos sitúa en el callejón de única dirección, aunque para ello se obvien las contrarreformas fiscales y el gasto público dedicado a sostener los beneficios del sistema financiero.

Se pueden y deben aumentar los ingresos con una política fiscal justa y progresiva y se puede y se debe optar por encauzar el gasto público hacia las necesidades de la mayoría de la sociedad. Sobre los miles de millones de euros que se dice se van a ahorrar, hasta ahora no existe ninguna explicación detallada de cómo se llega a alcanzar tales cifras de ahorro y la credibilidad del ministerio está muy dañada. Ahora bien, si tenemos en cuenta los ahorros estimados por la reforma de la Administración Local (8.000 M?) y los producidos por las medidas relativas a la reducción de entidades y organismos, a la práctica paralización de la oferta de empleo público y a la disminución de retribuciones y derechos del conjunto de personas que trabajan en el sector público, adoptadas desde noviembre de 2011, se puede deducir que la estimación de los ahorros recae fundamentalmente sobre la reducción y el deterioro del empleo público.

De las limitaciones y trampas de la consigna de adelgazar y ganar músculo puede dar cuenta la ciudadanía de Inglaterra, cuyo Gobierno es el modelo ensalzado e imitado por el nuestro en lo que respecta a lo público. Ahí están como grandes logros sus escandalosas deficiencias sanitarias y el estado de remojo en el que viven los habitantes del sur de Inglaterra por sucesivas inundaciones que no han sido debidamente previstas. Y es que adelgazamiento de las administraciones en el lenguaje neoliberal suele significar dejar de prestar servicios o prestarlos en condiciones peores.

La pulsión recentralizadora

Una parte del adelgazamiento en nuestro ámbito público vendrá dado por la aplicación del principio: una Administración, una competencia. Afirmación que confunde interesadamente la concurrencia normativa en una misma materia, que puede darse entre distintas administraciones, con concurrencia competencial en la misma actividad o servicio, que deberían resolverse mediante la mejora de los mecanismos de coordinación y cooperación interadministrativa, en vez de querer forzar un cambio profundo del ordenamiento jurídico institucional en España mediante una recentralización activa de nuestras administraciones.

Recentralización que también se da en la medida más ambiciosa y nefasta de las lanzadas por este gobierno en este campo: la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que, a pesar de los apellidos, ha concitado rechazo unánime, salvo en aquellos a los que se ha excluido de su aplicación. Las consecuencias de la misma tal como se ha aprobado serán:

? Reducción drástica de la autonomía local necesaria para una gestión flexible y adecuada a la diversidad geográfica, demográfica, identitaria, socio-económica de nuestra sociedad

? Agravar la precariedad e insuficiencia de la Hacienda local y con ello perjudicar la calidad de sus servicios y favorecer privatizaciones buitre

? Pérdida importante de empleos públicos, y deterioro de sus condiciones laborales.

? Degradación del ejercicio de la democracia, ya que restringen directamente los servicios públicos que garantizan la práctica de derechos básicos de ciudadanía en condiciones de equidad. Asimismo, aleja la gestión de lo público de la ciudadanía más próxima y afectada.

Mucho ruido y pocas nueces

Por lo demás, la pretendida reforma es un capazo en que abundan medidas de gestión que no tienen nada de innovador sino que son respuestas casi automáticas a la contracción de la economía. También destacan las medidas destinadas a la supresión de lo que se denomina ?trabas administrativas? y que no son más que una aplicación tan intensiva de la Directiva de Servicios europea que desnaturaliza los límites y cautelas que la misma impone en aquellas actividades que justifican la regulación y el control de las administraciones públicas ex ante, al considerar que es necesario favorecer la iniciativa económica privada "evitando intervenciones administrativas desproporcionadas?.

Su traslado al ordenamiento jurídico en estos términos y sin matices pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público subsidiaria de la iniciativa privada. Otra línea de medidas se insertan en el apartado del desarrollo de la administración electrónica, a la que se atribuyen potencialidades de varita mágica verdaderamente excesivas, sobre todo si imitando a los ingleses se convierte en la opción por defecto, con el cierre progresivo de la atención directa. A todo ello, se une la proclamación de voluntad de transparencia, pero la ley que tarda mucho en llegar y anuncia excepciones, decepciones y opacidades.

Otra reforma es posible

La reforma de las administraciones que propone el actual Gobierno del Estado español encierra la insalvable contradicción de pretender modernizar a base de regresar al pasado, de volver a un modelo de administraciones públicas propio de principios del siglo XX y no del XXI por mucha dosis de informatización que se pongan. El presente y el futuro demandan una reforma que tenga como eje central el servicio a la ciudadanía, o sea, la mayor y mejor capacidad de intervenir tanto social como económicamente, de dar soluciones a las tremendas y urgentes necesidades actuales y poner las bases de una salida a la crisis con un nuevo modelo económico.

Una reforma que actúe a la vez sobre el conjunto de las administraciones para conseguir una repercusión general, así como mejor y más eficaz articulación. Al mismo tiempo, hay que asegurar su financiamiento mediante una actuación fiscal, eficaz, justa y progresiva, así como la distribución de los presupuestos generales del Estado entre los diferentes niveles de la Administración con criterios que primen la atención y proximidad con la ciudadanía, no como sucede ahora. Una reforma, en fin, que se base en el diálogo y en el más amplio consenso social y político, no en la imposición, como ha sucedido en la contrarreforma local ni en la apariencia de participación del CORA.

#Pepe Gálvez. Economista. Trabaja en el ayuntamiento de Badalona desde 1987. Su trayectoria sindical ha estado ligada a la responsabilidad de acción sindical tanto en la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de Comisiones Obreras de Cataluña como en la estatal. En el 2009 pasa a ejercer como secretario de Defensa de lo Público de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, que resulta de la fusión de la FSAP y la Federación de Comunicación y Transporte. En estos momentos es portavoz de la FSC de Catalunya y ha sido miembro del Consejo Asesor del CORA en representación de CCOO.